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Los viajes de Cristina

Por Marcela Valente

BUENOS AIRES.- Una organización no gubernamental de la Argentina está controlando los viajes que realiza la senadora Cristina Fernández, esposa del presidente Néstor Kirchner, con vastas comitivas y una agenda de jefa de Estado. Setenta y cuatro días atrás, la Fundación Poder Ciudadano pidió al Gobierno información sobre quiénes acompañaron en febrero a la senadora a Francia, sus cargos, la agenda del viaje y los costos diarios de alojamiento de cada miembro de la delegación. La organización, parte de la red de Transparencia Internacional y dedicada a promover la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción, hizo uso así de un decreto de 2003 que autoriza a cualquier ciudadano a pedir información al Poder Ejecutivo. “Nos enteramos del viaje por medios periodísticos, y había versiones sobre elevados costos de alojamiento; por eso resolvimos pedir información”, explicó Pablo Secchi, del área de acción con políticos de Poder Ciudadano.

La solicitud se hizo el 9 de febrero ante la Presidencia de la Nación, que envió a la senadora Fernández como representante a la ceremonia de firma de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, el 6 de ese mes en París. La esposa de Kirchner, precandidata presidencial para los comicios de este año, se reunió además con el primer ministro francés Dominique de Villepin, con el aún ministro del Interior y candidato oficialista Nicolas Sarkozy y con la postulante socialista Ségolène Royal.

Según información de medios de comunicación, Fernández, a quien las encuestas otorgan esperanzas de suceder a Kirchner, viajó con una nutrida comitiva de funcionarios como el portavoz presidencial y se alojó en el lujoso hotel Le Meurice de París.

Periódicos de Buenos Aires informaron que una habitación en Le Meurice, ubicado junto la Plaza de la Concordia y con vistas a los Jardines de las Tullerías, cuesta entre 615 y 1 615 euros (entre $835 y casi $2 200) por noche, y no hubo desmentido oficial de estos datos. El Gobierno se ha mantenido en silencio. Transcurridos los 10 días hábiles que establece el decreto para que el Poder Ejecutivo entregue la información solicitada, este pidió una prórroga. Pero vencido el nuevo plazo tampoco hubo respuesta. A fines de marzo, Poder Ciudadano dio el segundo paso previsto en el procedimiento: apeló a la Oficina Anticorrupción dependiente del Ministerio de Justicia, que ahora tiene el expediente. “El decreto de acceso a la información es una de las herramientas más usadas para el control de gestión, y en general tenemos un alto nivel de respuesta, pero con este caso aún no tenemos noticias”, dijo Secchi. (IPS)

Fuente: http://www.hoy.com.ec/NoticiaNue.asp?row_id=265410

 

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